El Ministerio del Interior de Uruguay continúa con su plan de “barrida” de oenegés evangélicas y gremiales en el país, con el objetivo de controlar y regularizar la actividad de estas organizaciones. Esta iniciativa ha generado controversia y debate en la sociedad uruguaya, ya que algunos sectores consideran que se trata de una medida excesiva que pone en riesgo la libertad de asociación y expresión.
Desde hace varios meses, el Ministerio del Interior ha estado investigando y supervisando la actividad de diversas organizaciones evangélicas y gremiales en Uruguay, con el fin de identificar posibles irregularidades o actividades ilícitas. En este contexto, se han llevado a cabo operativos de inspección y se han formulado denuncias contra algunas de estas organizaciones.
El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, ha defendido esta acción como parte de los esfuerzos del gobierno por combatir la corrupción y el lavado de dinero, así como por promover la transparencia y la legalidad en el sector de las oenegés. Según Bonomi, muchas de estas organizaciones operan de forma opaca y sin cumplir con las normativas vigentes, lo que puede facilitar actividades delictivas.
Sin embargo, esta iniciativa ha generado críticas y preocupación en diferentes sectores de la sociedad uruguaya. Algunos grupos evangélicos y gremiales han denunciado que se trata de una persecución ideológica y una violación de sus derechos constitucionales, como la libertad de asociación y de culto. Además, han señalado que estas medidas podrían afectar la labor social y humanitaria que realizan estas organizaciones en el país.
Por su parte, organizaciones de derechos humanos y defensores de la libertad de expresión han advertido sobre los riesgos de criminalizar la protesta social y la diversidad de opiniones en una democracia. Consideran que el Estado debe garantizar el respeto a la pluralidad y la autonomía de las organizaciones civiles, sin caer en medidas represivas o arbitrarias.
En medio de este debate, el Ministerio del Interior ha reiterado su compromiso con la transparencia y la legalidad en la actuación de las oenegés y gremiales en Uruguay, y ha invitado a todas las organizaciones a cumplir con las normativas vigentes y a colaborar con las autoridades en la prevención de actividades ilícitas. Sin embargo, la polémica persiste y parece lejos de resolverse, en un país donde la sociedad civil y la participación ciudadana son fundamentales para el fortalecimiento de la democracia.