Varias organizaciones de derechos humanos han denunciado una “feroz represión” por parte del gobierno de Nicaragua, que ha llevado a una agudización de la crisis de derechos humanos en el país.

Desde el estallido de protestas en abril de 2018 contra el gobierno del presidente Daniel Ortega, se han registrado numerosos casos de represión contra manifestantes, activistas y periodistas que han desencadenado una grave crisis de derechos humanos en Nicaragua.

Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han sido algunas de las organizaciones que han documentado los abusos cometidos por las autoridades nicaragüenses, como detenciones arbitrarias, torturas, persecución y censura de la prensa independiente.

Según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desde el inicio de las protestas en abril de 2018 hasta febrero de 2021 se registraron al menos 328 muertes y más de 500 personas detenidas ilegalmente en Nicaragua. Además, se reportaron casos de intimidación, hostigamiento y amenazas contra defensores de derechos humanos y periodistas.

Las organizaciones de derechos humanos han exigido al gobierno de Nicaragua cesar la represión contra manifestantes y respetar los derechos civiles y políticos de la población. Asimismo, han instado a una investigación imparcial y exhaustiva de los abusos cometidos durante las protestas y a la liberación inmediata de los presos políticos.

La situación en Nicaragua ha sido condenada a nivel internacional, con varios países y organismos internacionales manifestando su preocupación por la grave crisis de derechos humanos en el país. Se han impuesto sanciones contra funcionarios del gobierno nicaragüense y se han realizado llamados a la comunidad internacional para incrementar la presión sobre el gobierno de Ortega.

En este contexto, las organizaciones de derechos humanos han instado a la comunidad internacional a mantener la atención sobre la situación en Nicaragua y a seguir presionando al gobierno para que respete los derechos fundamentales de la población. La “feroz represión” en el país no puede ser ignorada y es necesario actuar para poner fin a la crisis de derechos humanos que se vive en Nicaragua.