Ocho militantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) han sido acusados de robo por la Fiscalía del gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua. Estas acusaciones han generado controversia y han sido señaladas como parte de una campaña de persecución política en contra de opositores al régimen.
Los ocho militantes del FSLN fueron detenidos en diferentes operativos policiales en el país, y se les acusa de robo con intimidación y uso de armas de fuego. Según las autoridades, los acusados habrían participado en robos a comercios y viviendas en distintas zonas de Nicaragua.
Sin embargo, diversos sectores de la sociedad nicaragüense han denunciado que estas acusaciones son falsas y que se trata de una estrategia del gobierno de Ortega para criminalizar a la oposición política. Según estas versiones, los detenidos son en realidad simpatizantes de la oposición que han sido arrestados arbitrariamente por el régimen.
Además, organizaciones internacionales de derechos humanos han expresado su preocupación por la falta de garantías procesales en los casos de los ocho militantes del FSLN. Se ha denunciado que no se les ha permitido el acceso adecuado a la defensa legal, y que han sido sometidos a un proceso judicial sin las debidas garantías.
El gobierno de Daniel Ortega ha negado que estas acusaciones tengan motivaciones políticas, y ha reiterado su compromiso con el combate a la delincuencia en el país. Sin embargo, la oposición y diversas organizaciones de la sociedad civil han criticado la actuación del gobierno y han exigido la liberación de los detenidos.
En medio de esta polémica, la situación de los ocho militantes del FSLN acusados de robo por la Fiscalía orteguista sigue siendo incierta. Mientras tanto, la controversia y las denuncias de persecución política continúan generando tensiones en Nicaragua.