En una reciente declaración oficial, el gobierno de Nicaragua anunció que ha revocado la nacionalidad de 135 presos políticos que habían sido desterrados a Guatemala. Esta drástica medida se produce en el contexto de la represión generalizada de la oposición en el país centroamericano, así como de la intensificación de las tensiones políticas y sociales.
Desde el estallido de las protestas masivas contra el gobierno de Daniel Ortega en abril de 2018, miles de nicaragüenses han sido detenidos y encarcelados por motivos políticos. Muchos de ellos han sido torturados, maltratados y sometidos a juicios injustos, en una clara violación de los derechos humanos y las libertades civiles.
En un intento por sofocar las críticas y silenciar a la oposición, el gobierno de Ortega decidió desterrar a un grupo de presos políticos a Guatemala en 2019. Sin embargo, esta decisión ha sido ahora revertida, con la cancelación de la nacionalidad de los detenidos y la orden de confiscar sus bienes en Nicaragua.
Esta medida ha sido ampliamente condenada por la comunidad internacional, que la ha calificado de represalia política y de violación flagrante del derecho internacional. Organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional han instado al gobierno nicaragüense a respetar los derechos de los presos políticos y a liberarlos inmediatamente.
La situación en Nicaragua sigue siendo sumamente preocupante, con un clima de represión, miedo y persecución que afecta a toda la sociedad. La comunidad internacional debe mantenerse vigilante y presionar al gobierno de Ortega para que respete los derechos humanos y restablezca la democracia en el país.
Esperamos que la comunidad internacional siga de cerca la evolución de esta situación y que se tomen medidas concretas para proteger a los presos políticos y garantizar su liberación y seguridad. Nicaragua merece un futuro de paz, justicia y libertad, y es responsabilidad de todos velar por ello.