El Grupo de Trabajo sobre Derechos Humanos en Nicaragua (GHREN) ha denunciado que el país centroamericano no cumple ni el más mínimo estándar de independencia judicial. Esta afirmación pone de manifiesto la grave situación en la que se encuentra el sistema judicial en Nicaragua, donde la parcialidad y la falta de imparcialidad son moneda corriente.
Según el GHREN, la falta de independencia judicial en Nicaragua se refleja en la subordinación de la judicatura al poder ejecutivo, lo que se traduce en la imposibilidad de que los jueces actúen de manera autónoma y sin presiones externas. Esta situación se agrava aún más con la presencia de jueces y magistrados afiliados al partido gobernante, lo que genera un claro conflicto de intereses y pone en duda la imparcialidad de los procesos judiciales en el país.
Además, el GHREN ha señalado que en Nicaragua se han registrado numerosos casos de judicialización de la política, donde el sistema judicial se ha utilizado como una herramienta para perseguir a opositores políticos y silenciar a la disidencia. Esta práctica, que vulnera el derecho a un juicio justo y el principio de separación de poderes, ha sido denunciada por organismos internacionales de derechos humanos como un claro atentado contra la democracia y el estado de derecho en Nicaragua.
Ante esta preocupante situación, el GHREN ha instado al gobierno nicaragüense a tomar las medidas necesarias para garantizar la independencia judicial en el país, incluyendo la destitución de jueces y magistrados que no actúen de manera imparcial, la implementación de mecanismos de control y supervisión del poder judicial y el respeto a la independencia y autonomía de la judicatura.
En un momento en el que la democracia y los derechos humanos están siendo constantemente vulnerados en Nicaragua, es fundamental que la comunidad internacional y los organismos de derechos humanos continúen denunciando y exigiendo el respeto a la independencia judicial en el país. Solo a través de un sistema judicial independiente y autónomo se podrá garantizar el pleno respeto de los derechos fundamentales de la población nicaragüense y el fortalecimiento de la democracia en la región.