En Colombia, la modalidad conocida como “vivir casa por cárcel de facto” se ha convertido en una realidad para muchos ciudadanos que han sido obligados a firmar diariamente en una delegación policial como parte de una medida cautelar impuesta por las autoridades.

Esta situación, que en la práctica se traduce en estar bajo una especie de arresto domiciliario no oficial, ha generado controversia y preocupación entre defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, que ven en esta práctica una vulneración de los derechos individuales de las personas.

La razón detrás de esta medida suele ser la sospecha de que la persona está involucrada en actividades ilícitas, aunque no se cuente con pruebas suficientes para detenerla formalmente. Como resultado, se le impone la obligación de presentarse diariamente en una delegación policial para demostrar que no ha salido del país, que no ha violado ninguna restricción impuesta por las autoridades o que no ha cometido ningún delito.

Para quienes se ven obligados a cumplir con esta medida, la vida se convierte en un calvario. La incertidumbre de no saber cuándo o si serán detenidos formalmente, el tener que renunciar a su libertad de movimientos y el temor constante a ser confundidos con delincuentes son algunas de las consecuencias psicológicas y emocionales de vivir bajo esta modalidad.

Además, existen casos en los que las personas son víctimas de abusos por parte de las autoridades encargadas de supervisar su cumplimiento, lo que agrava aún más la situación y vulnera sus derechos humanos.

Es importante destacar que esta práctica no tiene respaldo legal y va en contra de los principios fundamentales del derecho a la libertad y a un juicio justo. Todos los ciudadanos tienen derecho a ser considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario y a ser procesados de acuerdo con las garantías legales establecidas en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos.

En definitiva, vivir “casa por cárcel de facto” es una forma de privación de libertad encubierta que debe ser erradicada de nuestro sistema judicial. Las autoridades tienen la obligación de respetar los derechos de todos los ciudadanos, sin importar su condición social, económica o supuestas razones de sospecha. Es necesario defender el derecho a la libertad y a un juicio justo para garantizar una sociedad justa y democrática para todos.