Un reciente informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha confirmado lo que muchos activistas y defensores de derechos humanos en Nicaragua vienen denunciando desde hace varios años: el espacio cívico y democrático en el país está virtualmente “cerrado”.
La CIDH señala en su informe que en Nicaragua se ha producido una serie de violaciones graves a los derechos humanos, incluyendo la represión de manifestaciones pacíficas, detenciones arbitrarias, persecución de opositores políticos, censura a los medios de comunicación y un clima de miedo e intimidación que ha llevado a la autocensura y al silenciamiento de la sociedad civil.
Desde abril de 2018, cuando estallaron protestas masivas contra el gobierno del presidente Daniel Ortega, la situación de los derechos humanos en Nicaragua ha empeorado de manera significativa. Decenas de personas han sido asesinadas, miles han sido detenidas y muchas han tenido que exiliarse debido a la persecución política.
Organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales han documentado numerosos casos de tortura, tratos crueles e inhumanos, desapariciones forzadas y otros abusos cometidos por las fuerzas de seguridad del gobierno y por grupos paramilitares afines al régimen.
Además, la CIDH ha expresado su preocupación por la falta de independencia del poder judicial en Nicaragua, que ha sido utilizado para reprimir a la oposición y a la sociedad civil. Los jueces y fiscales que se atreven a actuar de manera autónoma y en defensa de los derechos humanos son acosados, amenazados y destituidos de sus cargos.
En este contexto de violencia, represión y falta de democracia, la CIDH ha instado al gobierno de Nicaragua a respetar los derechos humanos, garantizar la autonomía e independencia de los poderes del Estado y permitir el ejercicio pleno de la libertad de expresión, reunión y asociación.
La comunidad internacional, incluyendo la Unión Europea, la ONU y varias organizaciones de derechos humanos, ha condenado la situación en Nicaragua y ha llamado al gobierno a poner fin a la represión y a respetar los derechos fundamentales de su pueblo.
Es urgente que se restablezca el espacio cívico y democrático en Nicaragua, se libere a todos los presos políticos, se permita el retorno de los exiliados y se celebren elecciones libres y transparentes que reflejen la voluntad del pueblo nicaragüense. La comunidad internacional debe seguir presionando al gobierno de Ortega para que cumpla con sus obligaciones en materia de derechos humanos y respete la democracia y el estado de derecho.