En Nicaragua, el Jefe de la Policía Nacional, Francisco Díaz, ha sido acusado de ocultar la represión del gobierno de Daniel Ortega y de “falsear” la crisis de seguridad en el país. Según informes de organizaciones de derechos humanos y testimonios de ciudadanos nicaragüenses, Díaz ha estado encubriendo la violencia estatal contra la población civil y desviando la atención de la verdadera crisis de seguridad que enfrenta el país.
Desde abril de 2018, Nicaragua ha sido sacudida por una ola de protestas antigubernamentales que han sido brutalmente reprimidas por las fuerzas de seguridad del gobierno. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), más de 300 personas han sido asesinadas y miles han sido arrestadas arbitrariamente en represión a las protestas.
El gobierno de Daniel Ortega ha tratado de minimizar y desacreditar las denuncias de represión y violencia estatal, alegando que se trata de un intento de desestabilizar al país promovido por grupos políticos de la oposición y organizaciones no gubernamentales.
Sin embargo, los testimonios de víctimas de violencia estatal y la documentación recopilada por la CIDH y otras organizaciones de derechos humanos han revelado la brutalidad de la represión en Nicaragua. Muchos ciudadanos han denunciado detenciones arbitrarias, torturas, tratos crueles e inhumanos, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad del gobierno.
En medio de esta crisis de derechos humanos, el Jefe de la Policía Nacional, Francisco Díaz, ha sido señalado como el responsable de ocultar la verdad sobre la represión en Nicaragua. Según informes, Díaz ha manipulado la información sobre la represión para presentarla como actos aislados de violencia y no como una política sistemática de represión del gobierno de Ortega.
Además, Díaz ha sido acusado de “falsear” la crisis de seguridad en Nicaragua al atribuir la violencia a grupos del crimen organizado y pandillas, en lugar de reconocer la responsabilidad del gobierno en la represión y violencia estatal.
Ante estas denuncias, las organizaciones de derechos humanos han exigido que se investigue y se sancione a los responsables de la represión en Nicaragua, incluido el Jefe de la Policía Nacional, Francisco Díaz. También han pedido a la comunidad internacional que condene la violencia estatal en el país y que haga un llamado al gobierno de Ortega para que respete los derechos humanos y la democracia en Nicaragua.
En medio de esta crisis de derechos humanos, es fundamental que se conozca la verdad sobre la represión en Nicaragua y que se haga justicia para las víctimas de la violencia estatal. El Jefe de la Policía Nacional, Francisco Díaz, no puede seguir ocultando la represión y “falseando” la crisis de seguridad en el país. Ha llegado el momento de que se haga justicia y se respeten los derechos humanos en Nicaragua.